Los socialistas aclaran que en el acuerdo con la institución provincial también se contemplaba la deuda millonaria generada en la etapa en la que gobernó Pelayo
8 de marzo de 2012. – El Grupo Municipal Socialista aclara que el dinero comprometido en el convenio con Diputación corresponde a deuda generada por el Ayuntamiento de Jerez desde 1995 a 2004, incluyendo la etapa en la que gobernó la señora Pelayo, en la que dejó de pagar y sin reconocer facturas a la mayoría de las concesionarias y a proveedores. De hecho, en el convenio con la institución provincial se recogían las deudas generadas durante los años 2003-2004, en la que el gobierno de la señora Pelayo dejó sin pagar a todas las concesionarias y a proveedores, siendo un montante importante los 30 millones de euros que adeuda a Urbaser, aunque a esta cantidad hay que sumar los impagos a las concesionarias de servicios públicos, a las que no se les pagó absolutamente nada.
El anterior gobierno socialista buscó fórmulas para poder atender los pagos a proveedores y a los concesionarias y ése era el objetivo del convenio suscrito con Diputación, por lo que no vamos a aceptar ahora que por parte del PP se demonice este convenio para achacar toda la responsabilidad a la gestión del PSOE. De hecho, este convenio supuso un ahorro importante respecto a las condiciones tan durísimas que imponía al Ayuntamiento la entidad financiera que prestaba estos servicios con anterioridad al mismo. Además de la posibilidad de obtener anticipos de recaudación ofrecía otras vías de ingresos a través de la capacidad legal que tiene Diputación para efectuar embargos de bienes fuera del municipio de Jerez y de las devoluciones de IRPF, capacidad legar que no tiene el Ayuntamiento y por la que se recaudaba más de un millón de euros al año.
Es hipócrita que el PP intente justificar la ruptura de este convenio con acusaciones hacia el anterior gobierno socialista y ya es ahora que asuma la responsabilidad de sus decisiones, especialmente, ante las dificultades que el Gobierno de la señora Pelayo está teniendo para cerrar un acuerdo con las entidades bancarias que se hagan cargo de la gestión de los tributos. Es obvio que el empeño del PP en romper de forma unilateral el acuerdo con Diputación le está generando más problemas de los que preveía, ya que una de las primeras consecuencias es que Jerez ha quedado fuera de la operación de crédito que acaba de cerrar la Diputación con entidades financieras y que le permitirá anticipar 125 millones de euros a los municipios que encomiendan su gestión tributaria a la institución provincial.
Esto demuestra que la improvisación e inoperancia de este Gobierno municipal lejos de solucionar problemas acarrean graves consecuencias económicas para nuestro Ayuntamiento, y en este caso concreto la ruptura de este convenio va a conllevar cuantiosas pérdidas por los ingresos que se van a dejar de percibir y por los gastos financieros que se van a generar con las entidades financieras, al margen del daño que ha hecho a Diputación y que va a suponer un quebranto para las cuentas de la Corporación Provincial de casi 30 millones de euros, tal y como ha avanzado el Grupo Socialista de la Diputación Provincial. Es obvio que la razón de que se suscribiera este acuerdo era en beneficio de Jerez, teniendo en cuenta que los ingresos futuros comprometidos garantizaban un servicio básico esencial como la limpieza de la vías pública y recogida de basura que estuvo en serio peligro por la falta de pago de gobiernos anteriores y que gracias a las tomas de razón se garantizó su mantenimiento y estabilidad.
El Gobierno del PP utiliza una doble vara de medir, ya que por un lado demoniza al anterior gobierno por comprometer los pagos para garantizar el servicio de limpieza y de recogida de basura de nuestra ciudad mientras que, por otro lado, vende el agua de todos los jerezanos sin aclarar cuál es el beneficio económico de esta operación que, por el contrario, conllevará la subida de tarifas, pérdida de calidad del servicio y pérdida de una fuente de ingresos para todos los jerezanos que pasarán a manos privadas durante 25 años.
Jerez, 1 de marzo 2012
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