La iniciativa defiende la creación de un fondo estatal que
permita dotar a los ayuntamientos de financiación para
atenciones sociales
17 de octubre
de 2012.
El Grupo
Municipal Socialista ha presentado una propuesta al Pleno en la que solicita
que se cree un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de
pobreza y exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones
de euros, que permita dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos tanto para la
financiación de los gastos corrientes que ocasione la prestación de servicios
educativos, los servicios de atención a las personas con discapacidad y en
situación de dependencia y los derivados de las prestaciones de servicios
sociales y de promoción y reinserción social, como para programas específicos
de inclusión social, especialmente aumentando la eficacia del apoyo a la
infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables.
En la
iniciativa, se solicita además incrementar los recursos destinados al Tercer Sector,
a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones para el fortalecimiento
de políticas de inclusión social, para que financien programas de integración
laboral de las personas en riesgo de exclusión social y programas de lucha
contra la pobreza, es decir, programas de inclusión activa que combinan la
activación para el empleo con una adecuada cobertura de rentas y acceso a servicios
de calidad. Además, se propone complementar, concertándolo con las Comunidades
Autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas,
incentivando la resolución de las dificultades en la tramitación y resolución
de dichas rentas autonómicas.
Para ello, se
propone destinar a subvencionar actividades de interés social, en la forma que
reglamentariamente se establezca, el 1 por ciento de la cuota íntegra del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2013 correspondiente
a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.
En la
exposición de motivos, el Grupo Socialista argumenta que el alcance y
profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas,
ya que el riesgo de exclusión social es cada día mayor. El aumento del
desempleo ha provocado un número creciente de hogares que carecen de ningún
tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la consolidación de la
reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social, como la prestación
por desempleo o las rentas mínimas de inserción.
Hasta ahora,
todas las medidas adoptadas por el Gobierno Central se han dirigido a
satisfacer las necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las
empresas, mientras que el ciudadano ha asistido impotente a recortes de derechos
y prestaciones y a soportar los efectos negativos de esta crisis.
En efecto, son
los servicios sociales públicos los que han de garantizar, por derecho, el
apoyo a las personas que lo necesitan. Y redoblar los esfuerzos en situaciones
críticas, como la que estamos atravesando. Sin embargo, en tan solo unos meses,
el Gobierno ha llevado a cabo un recorte brutal e indiscriminado con graves
repercusiones en el acceso y la calidad de servicios básicos como la sanidad,
la educación y las políticas sociales, debilitando aún más la cohesión social
en nuestro país.
El Grupo
Socialista considera que es nuestra obligación ofrecer soluciones para evitar
que la fractura social que esta situación ya ha originado sea cada día mayor.
Incluso la Unión Europea ha advertido al Gobierno a este respecto y, en el
punto siete de las Recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas de
2012 de España, le pide que “tome medidas específicas para combatir la pobreza”.
En este
sentido, es necesario articular medidas que puedan contribuir de manera inmediata
a paliar los efectos que la crisis económica tiene entre las personas más
desfavorecidas y los colectivos que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad, sobre todo reforzando la atención directa a estas personas y
potenciando los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener
información y atención social y laboral.
En efecto,
esta atención se realiza mayoritariamente a través de los servicios sociales
municipales y de las organizaciones de acción social del Tercer Sector, puesto
que son las más próximas a ellos y a la realidad en la que viven. Tanto ayuntamientos
como organizaciones han demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para
llegar a quienes más lo necesitan y la eficiencia de su trabajo. Buena prueba
de ello es que, en los últimos meses, se ha incrementado visiblemente la
demanda de atención de ambos. Por tanto, en un momento como el actual, tanto
los municipios como las propias ONGs necesitan de más recursos que les permitan
atender esta situación de manera más eficiente.
Igualmente,
para lograr una lucha real contra la pobreza y ante el incremento del número de
beneficiarios de las rentas mínimas de inserción garantizadas, es necesario el
apoyo presupuestario del Estado par que, junto con las Comunidades Autónomas,
se pueda hacer frente al incremento de esta demanda siendo necesario, además,
que se afronten y resuelvan las dificultades en la tramitación y resolución de
las rentas mínimas. Este sistema de protección básica, por sí sólo no es suficiente,
pero sin él, la lucha contra la pobreza no es real.
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